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Imprudencia del trabajador en los accidentes de tráfico

09.02.2022

El Dilema Legal entre la Conducción bajo Efectos del Alcohol y la Protección de la Seguridad Social en Accidentes de Tráfico

En el complejo entramado legal que rige nuestras carreteras y la seguridad de quienes las transitan, emerge una cuestión de gran relevancia: el impacto del consumo de alcohol y drogas en la conducción de vehículos. Esta conducta, no solo imprudente sino potencialmente letal, plantea un desafío legal significativo en el contexto de los accidentes de tráfico. ¿Cómo determinar el punto en el que la intoxicación se convierte en una conducta temeraria, merecedora de reproche tanto administrativo como penal?

Nuestro ordenamiento jurídico ya traza una línea clara en este aspecto, estableciendo umbrales objetivos que diferencian el consumo tolerable del que resulta penalmente reprochable. Sin embargo, esta claridad en el ámbito penal y administrativo contrasta con la ambigüedad que se presenta en el sector de la Seguridad Social.

La pregunta que surge es: ¿debería el estándar penal de imprudencia temeraria ser extrapolado al ámbito de la Seguridad Social? La respuesta no es sencilla. Por un lado, parece poco razonable que ambos sectores del ordenamiento jurídico operen de manera aislada, ignorándose mutuamente. Por otro, la aplicación directa de criterios penales en el ámbito de la Seguridad Social podría llevar a situaciones donde un trabajador, penalmente responsable por conducir bajo los efectos del alcohol, se vea privado de la protección que normalmente brinda la Seguridad Social en casos de accidentes de tráfico.

Este dilema legal abre un debate necesario sobre la interacción entre diferentes sectores del ordenamiento jurídico y plantea la cuestión de hasta qué punto deben alinearse sus criterios y consecuencias. La ingesta de alcohol, penalmente punible, no debería automáticamente excluir a un trabajador de la protección de la Seguridad Social, pero tampoco puede ignorarse la gravedad de la conducta.

En este contexto, abogar por un "entendimiento" entre los diferentes sectores del ordenamiento jurídico no solo es razonable, sino necesario. Se trata de encontrar un equilibrio que proteja tanto la seguridad en nuestras carreteras como los derechos de los trabajadores en el ámbito de la Seguridad Social en casos de accidentes de tráfico.

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